La revocación de la condena del cardenal Pell puede parecer un revés, pero podría tener un impacto positivo.
Columna de opinión por Victor Sande-Aneiros, de CRIN.
(Publicada originalmente en inglés en este link.)
Una de las figuras de más alto rango en la Iglesia Católica, enjuiciada y condenada por abuso sexual infantil, es ahora un hombre libre.
El 7 de abril, el tribunal superior de Australia revocó la condena a 6 años de prisión que el Cardenal George Pell recibió por el presunto abuso sexual contra dos integrantes de un coro de niños en 1996, basándose en que la evidencia no era suficiente para demostrar su culpabilidad más allá de la duda razonable.
Los jueces de la Corte Suprema sentenciaron en forma unánime que había "una posibilidad significativa de que una persona inocente fuera condenada".
De muy alto perfil, la demanda contra el Cardenal Pell era uno de los focos más potentes sobre el abuso dentro de la Iglesia Católica. La pregunta ahora es si esta última sentencia resulta en un revés para la búsqueda de justicia en la institucionalización del abuso contra la infancia.
La lucha por justicia
Los delitos sexuales son difíciles de enjuiciar en la mayoría de las circunstancias, y el caso de Pell ilustra los desafíos que enfrentan los sobrevivientes en la búsqueda de justicia, que se complican aún más si el abuso ocurrió años o décadas atrás. A medida que pasan los años, suele ser demasiado tarde para la recolección de ADN como evidencia, más difícil encontrar testigos, y los recuerdos de los testigos con los que se cuenta pueden volverse difusos.
En la Corte Suprema, los abogados de Pell, sin desacreditar el testimonio en su contra, argumentaron que el veredicto del jurado que en 2018 lo declaraba culpable se había apoyado excesivamente en el testimonio como evidencia sin tomar en cuenta otra evidencia en forma adecuada. Los jueces de la Corte Suprema estuvieron de acuerdo.
Para algunos sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, simplemente no existe evidencia suficiente que compruebe más allá de la duda razonable que la persona acusada es culpable. Esto puede resultar traumático para los sobrevivientes que no verán a sus agresores asumir la responsabilidad de sus actos, pero es un hecho, parte de los sistemas judiciales que garantizan un juicio justo, sin importar quién es el acusado o de qué se lo acusa.
Sin embargo, no es este el único desafío para los sobrevivientes. Sin ser un problema para la demanda contra Pell, un obstáculo habitual en la búsqueda de justicia es la presencia de períodos de prescripción (la cantidad de años que un individuo tiene para iniciar acciones legales tras ocurrir un abuso, ataque o agresión).
Lo que hace de esto un obstáculo significativo para los sobrevivientes de abuso sexual en la infancia es que se suele requerir años, si no décadas, para asimilar lo ocurrido y, se llega a la denuncia cuando el crimen está prescrito y no hay manera de llevar al agresor a la justicia o de asegurar una compensación.
Existen avances alentadores para recalibrar el sistema judicial en favor de la realidad de los sobrevivientes de abuso. En Australia, por ejemplo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Real para la Respuesta al Abuso Sexual en la Infancia, el estado de Victoria eliminó la prescripción para las demandas civiles sobre abuso físico o sexual en la infancia en 2015, mientras en New South Wales y Queensland se hizo lo mismo en 2016.
Efecto dominó
El caso de Pell puede no haber concluido como hubiesen esperado gran cantidad de sobrevivientes de abuso eclesiástico y sus aliados, pero ha impactado positivamente en el largo plazo.
La amplia cobertura mediática en sí misma que el caso generó habrá sin duda creado conciencia sobre el abuso eclesiástico en Australia y otras partes del mundo, y tal vez haya alentado a otros sobrevivientes a denunciar sus abusos. Pell, por ejemplo enfrenta ahora dos demandas civiles de sobrevivientes de presuntos abusos radicadas en 2019.
Pero el impacto no se suscribe a la Iglesia Católica. Si algo aprendimos del caso de Pell, es que ni las figuras e instituciones más poderosas, sean religiosas, estatales o privadas, no pueden eludir las acusaciones de abuso y encubrimiento.
Y esto tiene el potencial de llegar a todas las esferas donde se abuse de niños, incluyendo entornos familiares, escuelas, clubes deportivos, entre otros, cualquier lugar donde haya adultos en posición de confianza y poder.
La fuerza de lo colectivo
Mientras la absolución de Pell puede parecer un revés, su acusador declaró esperar que su caso no "desalentara" a otros sobrevivientes a denunciar. Les aseguró que "la mayoría de la gente reconoce la verdad al escucharla", señalando que se sintió respaldado por la policía y los fiscales. Sin duda, si los sobrevivientes dejaran de presentarse, no habría justicia por la que luchar.
Aquí es donde entran las redes de sobrevivientes, que son las que han marcado el camino sosteniendo a los sobrevivientes de abuso, movilizando y llevando a cabo demandas colectivas por la verdad, justicia y reparación.
Por ejemplo, mucho antes de que en Australia y Nueva Zelanda se iniciaron las investigaciones públicas sobre la institucionalización del abuso en la infancia, un movimiento de personas que sufrieron abusos en guarderías, el CLAN (Care Leavers Australasia Network), presionaron para hacer justicia e introdujeron el tema en la agenda política desde los años `90.
Redes como esta surgieron incluso en países tradicionalmente conservadores como Chile, Italia y Polonia.
Pero lograr justicia no debería depender de los sobrevivientes. Para que una investigación pública llegue a ocurrir, los políticos deben atender sus demandas de y aportar al lobby del gobierno de turno.
La Justicia necesita que la policía y los fiscales actúen independientemente de las instituciones de poder que son investigadas.
Una reforma legal necesita lo mismo de los legisladores. Y al cobertura de los medios sobre el tema ayuda a hacer presión sobre todos los sectores pertinentes.
Si los abusadores y las instituciones que los apañan han de enfrentarse a los tribunales, la clave para lograr justicia para los sobrevivientes de abuso sexual recae por completo en la respuesta colectiva.
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